Cáritas Diocesana de Sevilla advierte la vivienda como factor principal de la exclusión

Desde la celebración de la Asamblea General celebrada el pasado 15 de junio, la vivienda entra a formar parte de una de las principales preocupaciones de Cáritas. Así lo expresaron los representantes de las 251 Cáritas parroquiales que, a través de su trabajo, ven día a día cómo la vivienda es uno de los motivos que agrava la situación de las personas a las que acompañan.

Datos propios de Cáritas así lo demuestran: la vivienda es ya el factor principal de la exclusión en España.

La entidad resalta que el 11% de las familias atendidas en España, cuando pagan los gastos de la vivienda, a menudo ya no disponen de más fondos para asumir el resto de los gastos del mes relacionados con necesidades básicas, descartando por supuesto, el acceso a algunas necesidades que pudieran están relacionadas con el descanso, el ocio o la cultura y que se escapan a las posibilidades económicas de estas personas, cayendo así en una situación de pobreza que les conduce a pedir ayuda.

En Andalucía, el 17,3% de la población presenta dificultades en este ámbito. De tal forma que, dentro de la población que se encuentra en situación de exclusión social, el porcentaje de personas que tienen problemas relacionados con la vivienda alcanza casi el 50%.

Cáritas Diocesana de Sevilla, en su actividad durante el año 2018 destinó 750.000 euros para afrontar gastos familiares derivados de la vivienda como el agua, la luz, el gas, la reposición de electrodomésticos, reparación de desperfectos y, sobre todo, mensualidades de alquiler o hipoteca.

De la misma forma, el Servicio de Información, Mediación y Asesoramiento en Vivienda (SIMAV) dedicado a la prevención de la exclusión residencial, atendió ese mismo año a 70 familias. La vivienda, tras la alimentación, supone la principal demanda realizada a Cáritas en Sevilla.

Derechos convertidos en privilegios

El precio de la vivienda ha crecido en los últimos años llegando a niveles similares a los que había antes de 2012. El problema es que la gran recesión no ha recuperado esos valores en todos los ámbitos económicos. Los sueldos continúan siendo sensiblemente más bajos, se dan condiciones laborales precarias, existe mayor inestabilidad laboral y los datos del paro aún son preocupantes.

Esto provoca limitaciones económicas que hacen que se acepten condiciones de habitabilidad precarias, y a su vez, resulte inalcanzable acceder a una vivienda digna, que se adecúe a las necesidades de las personas que conforman el núcleo familiar. Esto además obstaculiza la emancipación familiar de los jóvenes para la constitución de nuevas unidades de convivencia y familias, y favorece el hacinamiento.

El acceso o el mantenimiento de la vivienda y el empleo están relacionados entre sí, viéndose la primera perjudicada por las condiciones del segundo. De esta forma, Cáritas alerta que el 30% de los españoles en exclusión social están afectados por estos dos ámbitos, y percibe que se está convirtiendo en privilegio un derecho básico para el bienestar de las familias como es el derecho a la vivienda.

Abandono de las políticas públicas

Este panorama se agrava más aún debido al abandono de políticas públicas de fomento y protección en materia de compra y alquiler, a la insuficiente gestión de los Servicios Sociales y a la precaria aplicación de la Renta Mínima de Inserción.

Por este motivo, Cáritas Diocesana de Sevilla insta a las autoridades públicas a ejecutar medidas eficaces que faciliten este acceso a las personas más desfavorecidas. Políticas que hagan efectivo el derecho a la vivienda y una reforma legislativa que proteja en caso de desalojo.

Durante los últimos años se ha abandonado la promoción de viviendas de protección oficial de titularidad pública para hacer frente al déficit de vivienda social, así como la construcción de viviendas en alquiler para las familias más necesitadas. Es urgente recuperar la política de construcción de viviendas protegidas, puesto que las familias más necesitadas no pueden acudir al mercado dado el incremento de precios experimentado en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta que España es el penúltimo país europeo en parque de vivienda con algún tipo de protección.

De la misma forma llama a toda la sociedad y de manera especial a los agentes que operan en el mercado inmobiliario a poner en valor y en el centro a la persona, prevaleciendo los derechos de estas a los puros intereses económicos y de rentabilidad que en muchas ocasiones hace imposible el disfrute de este derecho esencial.

FUENTE: Diario de Sevilla